La contratación pública en España supone, según algunos de los últimos datos publicados, un volumen del 18,5% del producto interior bruto. Las AAPP -y el resto de poderes adjudicadores y entidades sujetas al TRLCSP- constituyen el mayor operador económico, en número de transacciones, en volumen de compras, en personal implicado, etc. Todas estas circunstancias explican la preocupación creciente por implantar mecanismos eficaces de respeto de los principios esenciales de transparencia, publicidad, igualdad y competencia efectiva e igualitaria en todos los ámbitos de la contratación pública. En esta línea se están produciendo importantes novedades.

En primer lugar, se avanza en el proceso de transposición de las nuevas directivas europeas de contratación -Directivas 2014/23, 2014/24 y 2014/25 del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea, de 26 de febrero de 2014, sobre contratos de concesión, contratación pública y sectores especiales- cuyo plazo finalizó el pasado mes de abril de 2016, en un momento de bloqueo político e institucional. Algunas de las principales novedades de las Directivas tienen por objeto la lucha contra el fraude y la corrupción y el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Públicos de incorporación de las mismas a nuestro Ordenamiento ya está en tramitación parlamentaria. Además, cumpliendo con la Decisión del Consejo Europeo de 2 de agosto de 2016 que advierte a España para que adopte medidas dirigidas a una reducción del déficit, el Consejo de Ministros aprobó el 16 de diciembre de 2016 unas Instrucciones sobre transparencia y publicidad en la contratación del sector público estatal.

Por último, la CNMC acaba de publicar una Guí­a contra el fraude en la licitación pública, animando a particulares, empresas y responsables administrativos a comunicar situaciones de manipulación de concursos y otros fraudes que se traducen en restricciones a la competencia eficaz y sobrecostes superiores a los 40.000 M€.

Desde el área de Área de Derecho público, administrativo y regulación de Santiago Mediano Abogados nos encargamos de velar por la protección de activos inmateriales, planeando y adoptando estrategias y medidas que garanticen su efectividad, antes incluso del ejercicio de acciones judiciales.

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