El pasado 17 de abril ha sido publicada una nueva Propuesta de Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Esta norma establece estándares comunes de protección ante represalias para los denunciantes que revelen información obtenida en el entorno laboral sobre actividades ilícitas o de abuso del Derecho ofreciéndoles soporte y ayuda cuando las realicen. Las mismas serán extensibles a las personas afectadas por las denuncias.

La presente Directiva obliga a que los Estados Miembros garanticen la existencia canales de denuncias externos que permitan la presentación y tramitación de denuncias de forma segura.

También obliga a los Estados miembros a que garanticen que las organizaciones dispongan de canales de denuncias internos que permitan la gestión de estas si llegan a producirse.

Sobre este particular señalar que, recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos se ha comprometido a ofrecer su apoyo a los denunciantes de casos de corrupción cuando se investigue una denuncia, así como a exigir que se facilite toda la información que requieran las autoridades competentes sin que pueda utilizarse la legislación sobre protección de datos para no hacer llegar la misma a los solicitantes.

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